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Bogotá
2013-04-08

 

Gobierno y ONG se enfrentan en la CIDH por fuero militar y paz.

Por: El Tiempo.

Organizaciones creen que se está retrocediendo. Gobierno insiste que no habrá impunidad.

Fuero
El Gobierno colombiano y ONG en Derechos Humanos se enfrentaron hoy ante la CIDH, en Washington, por las reformas constitucionales que modifican el fuero penal militar y establecen un marco jurídico para el proceso de paz. Para las ONG, que solicitaron la audiencia ante el órgano hemisférico, con las reformas Colombia “está retrocediendo varios siglos” en materia de Derechos Humanos.

En el caso específico de la reforma al fuero, que fue aprobada por el Congreso en diciembre del año pasado, los peticionarios alegaron que va en contravía de la Convención Interamericana y es contraria a las recomendaciones que han hecho sobre esta materia tanto la ONU como la OEA.

“Bajo esta reforma, crímenes de guerra, conductas como la detención arbitraria, tratos crueles, y otros atentados contra la integridad personal, serán conocidos por la justicia penal militar. La Comisión debe prestar atención, pues en Colombia se está dando un cambio, ya no hacia la protección de civiles sino hacia una interpretación torcida del DIH, que otorga facultades pero para la guerra”, dijo Iomara Ortegón, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

Las ONG también criticaron a la comisión mixta que conocería en primera instancia posibles infracciones a los derechos humanos, el tribunal de garantías para miembros de la fuerza pública y un sistema carcelario distinto para los militares, como dicen lo prevé la ley.

“¿Por qué tienen derecho los miembros de la fuerza pública a un régimen especial con el que no cuentan los ciudadanos para delitos como narcotráfico, violación, corrupción y otras violaciones a los Derechos Humanos?”, preguntó Ortegón.

Las ONG también criticaron el Marco Jurídico para la Paz, al que aún le falta una ley estatutaria para ser implementado. Según Liliana Uribe, de la Corporación Jurídica Libertad, la reforma lo que hace es condensar medidas a través de las cuales el estado viene reduciendo su obligación de investigar y condenar graves violaciones los derechos humanos.

“Es una versión más pulida de la política de impunidad del presidente Santos”, sostuvo Uribe. Cuestionaron, en particular, la renuncia a la persecución penal que hace el Estado frente a los casos que no hayan sido preseleccionados -como prevé la reforma-, la posible suspensión de penas para los responsables, y el tratado diferenciado para agentes del estado involucrados en violaciones a los Derechos Humanos.

“Es una falsa disyuntiva la que se está creando entre la justicia y la paz. La justicia no puede quedar por fuera si queremos un proceso de paz efectivo para los colombianos”, afirmo Uribe. El gobierno colombiano, encabezado por el embajador ante la OEA Andrés González, rechazó tajantemente los argumentos de las ONG.

Según González la reforma al fuero fue un acto legítimo, aprobado por el Congreso y bajo el conocimiento de la Corte Constitucional, que lo que busca es regular la justicia penal militar para hacerla eficiente.

“Habrá cero impunidad, justicia y condenas firmes frente a las graves violaciones. No es cierto, por ejemplo, que las violaciones sexuales, o las torturas pueden estar cubiertas por el fuero, pues solo conocerá de actos relacionados con el servicio y estos actos jamás lo serán”, dijo el funcionario.

Para González, Colombia está tratando de resolver el conflicto, no para abusar de los derechos humanos sino para impedir que se sigan cometiendo. De acuerdo con el Viceministro de Justicia, Miguel Samper, lo que hace el marco es permitir que los acuerdos futuros que se logren con los grupos armados se enmarquen de una manera armónica con la ley.

Para Samper, además, la reforma prevé herramientas que pueden ser o no utilizadas y que aún deben ser perfeccionadas a través de una ley estatutaria que requiere de grandes mayorías en el Congreso y revisión constitucional. Samper explicó que los recursos se van a concentrar en gran mayoría a la investigación de los grandes responsables pero con la idea de generar la mayor cantidad de justicia y reparación para las víctimas.

 

En otra audiencia posterior, las ONG denunciaran que en el país se han presentado 85 ejecuciones extrajudiciales (25 de ellas en 2012), desde que asumió la presidencia Juan Manuel Santos. De acuerdo con María Victoria Fallón, de la Coordinación Colombia, Europa-Estados Unidos, el 51 por ciento de ellas son atribuibles al Ejército y 38 por ciento a la Policía.

Las ONG recordaron que el presidente Santos anunció en diciembre pasado que en el país no se había registrado una sola desaparición forzada a lo largo del 2012. En una tercera audiencia sobre el país, referente a la situación de los pueblos indígenas, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), le pidió a la CIDH realizar una visita “in loco” al país para evaluar la grave situación en la que se encuentran muchas comunidades.


 
Opinión

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